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Zona Privada
El paquete de medidas incorpora el compromiso municipal de que policías y bomberos no participen en los desalojos
El decreto sobre la función social de la vivienda, impulsado por IU en el Gobierno de Andalucía como singular fórmula de lucha contra los desahucios, se deja ver en la letra y el espíritu de la batería de propuestas que los ediles de IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Gijón han convertido en una proposición al Pleno sobre gestión de servicios sociales y de vivienda en situaciones de emergencia. La intención de Jorge Espina y su equipo es llevar íntegra la propuesta al Pleno del próximo día 10. Antes tendrán que pasar el filtro de la Junta de Portavoces que preside Carmen Moriyón, «donde no nos sorprendería que no se aceptara por defecto de forma como en otras ocasiones. Aquí se prima la forma y se olvida el fondo», ironizaba la concejala Libertad González.
Una de las medidas estrella de esta proposición es la creación, desde la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), de una bolsa de viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler social. Esta bolsa, según explicó el concejal Francisco Santianes, estaría integrada por las viviendas libres de las doscientas que tiene en propiedad la entidad municipal, aquellas de titularidad autonómica que se pudieran ceder para ese uso a Gijón y las viviendas del banco malo. A ellas se sumarían residencias que Emvisa alquilaría a propietarios privados o a los propios bancos a través de un convenio de colaboración.
«No sería difícil tener cien viviendas a disposición de esa bolsa en poco tiempo», sentenciaba Santianes, para quien las propuestas de IU son viables técnica y económicamente para el Ayuntamiento de Gijón, «sólo tiene que existir voluntad de llevarlas adelante». Esas viviendas se destinarían a víctimas de desahucios o personas en situación de emergencia social a través de alquileres de diferente cuantía según los ingresos «o, incluso, a coste cero», indicó Santianes.
En su propuesta IU plantea también que el Ayuntamiento de Gijón se compromete a «no poner ni un solo policía municipal o bombero a disposición de las órdenes de desahucio» y que evite cualquier proceso de desahucio en viviendas públicas protegidas. Además, IU impone en su iniciativa que el gobierno municipal gijonés inste a la comunidad autónoma a hacer un censo de viviendas deshabitadas con la intención de sancionar aquellas que estén en manos de personas jurídicas; al Gobierno de la nación, a que asuma la paralización de los desahucios según lo estipulado en la iniciativa legislativa popular; y a las entidades bancarias, «la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria». «IU tiene propuestas y donde gobierna las lleva a cabo. Eso no es un brindis al sol», sentenció el portavoz Jorge Espina.
Una presentación en sociedad
IU sumaba ayer Gijón a la campaña que contra los desahucios está desarrollando en municipios y comunidades autónomas de todo el país. La singularidad de la iniciativa llevó al grupo municipal a cambiar la sala de prensa del Ayuntamiento por un hotel para su presentación y a rodearse de líderes de organizaciones sociales. Arriba, Javier Suárez Llana, presidente del Conseyu de la Mocedá; Tita Caravera, presidenta de la Federación de Vecinos, y los ediles Jorge Espina, Francisco Santianes y Libertad González.