La Federación Rural de Vecinos rechaza, por innecesaria, toda la ordenanza cívica

El Conseyu de la Mocedá ve en la regulación municipal del «botellón» una fórmula de proteger desde el Ayuntamiento los negocios de hostelería
R. VALLE / P. TUÑÓN

Los registros del Ayuntamiento contabilizaban ayer por la mañana -jornada de cierre del plazo de información pública- alrededor de noventa alegaciones a la ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales o, simplemente, ordenanza del «botellón». Una cifra que seguro quedará ampliamente superada cuando se complete el cómputo de manera oficial, ya que varios fueron las entidades y los particulares que dejaron para última hora registrar sus peros a una nueva normativa que ha generado una gran controversia en la sociedad gijonesa.

El movimiento vecinal ha sido muy beligerante con esta ordenanza, aprobada de manera inicial con los votos de Foro Asturias y el PP en el Pleno de agosto. A las alegaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana, que reclaman eliminar doce artículos, entre ellos el que regula el «botellón», de una normativa «con carácter recaudatorio», se suman ahora las de la Federación Vecinal Rural «Les Caseríes», que ya alzó hace tiempo la voz ante el temor de que la ordenanza, que prohíbe beber en la calle a menos de cincuenta metros de viviendas, traslade el «botellón» a las parroquias rurales.

«Les Caseríes» ha presentado una única alegación en un documento tan breve como contundente. «Esta federación considera que las diversas y heterogéneas materias de las que trata el proyecto de ordenanza ya están plenamente reguladas en el ordenamiento jurídico», alega el movimiento vecinal rural, que pide, por ello, que se hagan cumplir las normativas existentes en vez de establecer una nueva. En definitiva, que la ordenanza de convivencia carece de sentido.

Una única alegación ha presentado también, cada uno a título individual, un grupo de vecinos de El Llano, concretamente del entorno de la calle Francisco de Paula Jovellanos. Varios residentes de la zona están juntando esfuerzos para protestar por la prostitución en las calles. «Se utilizan nuestros portales como lugares para realizar sus actividades y por las mañanas nos encontramos los restos higiénicos que, por supuesto, no se han llevado y, también, el rastro del alivio de sus necesidades fisiológicas», lamentan.

Por ello, cada uno ha registrado en el Ayuntamiento una alegación a la ordenanza de convivencia, la cual contemplaba en su borrador la prohibición de la prostitución en la vía pública, algo que se eliminó para su aprobación en el Pleno. De ahí que este grupo de vecinos, que cuentan con el apoyo de la Asociación «Fumeru» de El Llano, reclama ahora al Ayuntamiento que vuelva a incluir este capítulo que establecía sanciones para «el ofrecimiento y la demanda de prácticas sexuales en la vía pública».

Contundentes son también los argumentos que acompañan las catorce alegaciones presentadas al texto por el Conseyu de la Mocedá. Alegaciones donde se denuncia la «fuerte ideologización» de una norma que «pretende modificar el modelo de ciudad en lo relativo al uso del espacio público» y se acusa a sus redactores de mostrar una «visión negativa y criminalizadora» de la juventud. En cuanto a la prohibición del «botellón», desde el Conseyu se tiene claro que la ordenanza municipal está «orientada única y exclusivamente a la protección del negocio hostelero de la ciudad». Los responsables del Conseyu de la Mocedá entienden que la definición en el texto de práctica del «botellón» es tan ambigua que podría extenderse a las terrazas de negocios hosteleros. Se recuerda desde el Conseyu que esta fórmula de regulación se ha demostrado ineficaz en otros municipios donde se ha generado, simplemente, una deslocalización del fenómeno llevándolo a la periferia de la ciudad.

Las alegaciones de la federación de entidades juveniles se centran fundamentalmente en la eliminación de artículos. Por ejemplo, aquellos que, entienden, suponen una forma velada de perseguir la prostitución, la mendicidad o los usos del espacio público de movimientos sociales como el 15-M. Y un matiz en el apartado de prohibición del maltrato animal. El Conseyu quiere que esa norma se haga extensiva a la plaza de toros.