En el entorno del Centro Comercial San Agustín y la Ruta de los Vinos registran «cierta conflictividad», protagonizada por los más jóvenes, que han dejado de reunirse en La Arena y han trasladado a otros puntos de la ciudad sus lugares de encuentro. Desde hace un tiempo, el Ayuntamiento y el Cuerpo Nacional de Policía son conocedores de la situación y, como tal, ya ha habido conversaciones con la Unión de Comerciantes y otras asociaciones para abordar la cuestión. Así lo manifestó ayer la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Begoña Huergo, quien admitió que la mayoría de los problemas se deben al consumo excesivo de alcohol, que provoca conflictos en la «convivencia» entre los propios jóvenes y de éstos con el resto de ciudadanos. La concejala habló de la necesidad de «conducir» la situación y colaborar entre todas las partes implicadas para que los jóvenes «tengan un ocio adecuado, que no consista en beber en exceso». El objetivo, insistió una y otra vez, es la prevención. «Basamos nuestro ocio en el alcohol» y eso provoca conflictos de convivencia y también de seguridad vial, recordó la concejala. Por eso, insistió una y otra vez en la «educación en valores de convivencia». Huergo explicó que, sin bien la seguridad ciudadana es competencia del Cuerpo Nacional de Policía, en las reuniones que mantienen los viernes Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local hacen un reparto geográfico de las labores a realizar. Por eso, dijo, puede ser más frecuente ver a agentes locales en la zona. La concejala dio estas explicaciones tras inaugurar, junto con el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, las jornadas sobre 'Juventud y Seguridad', organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este marco se valorará la experiencia del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar puesto en marcha en el curso 2006-2007 y que hoy está implantado, sólo en Asturias, en 101 colegios (77 públicos, 23 concertados y uno privado). El plan llegó para buscar soluciones a los problemas «de autoridad» de padres y docentes y consiste en la entrada en las aulas de las fuerzas y cuerpos de seguridad para trabajar y colaborar en la prevención del tráfico de estupefacientes y del acoso escolar, entre otras cosas. En todo el país, en el curso pasado los agentes llevaron a cabo 260.000 vigilancias en 6.000 centros escolares.