Un informe policial alerta del significativo aumento de los pandilleros en España, concentrados en once provincias, entre ellas Asturias.
Un informe elaborado por la Policía Nacional alerta del «significativo aumento, tanto cualitativo como cuantitativo», de las bandas latinas delictivas en España. Según el documento al menos seis pandillas se encuentran ya implantadas en territorio español a lo largo de once provincias, entre ellas Asturias, donde el año pasado fueron detenido cincuenta jóvenes por pertenencia a bandas latinas. La posesión de armas de fuego y la tentativa de homicidio son algunos de los delitos más frecuentes.
«Desde el año 2000 en que se tiene conocimiento de la aparición de bandas organizadas de carácter latino en España y se detiene al líder de la recién creada Sagrada Tribu Atahualpa Spain, de la banda Latin King, se ha observado un significativo aumento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actividades de estos colectivos en nuestro país», asegura este documento.
El informe policial añade: «Durante el año 2009 se ha comprobado la existencia y actividad de bandas organizadas» hasta en once provincias. Además de Asturias, la presencia de las bandas latinas se ha constatado en Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante, Asturias, Burgos, Jaén, Logroño, Murcia, Valladolid y Sevilla.
En cuanto a la actividad delictiva llevada a cabo por integrantes de las mismas, ésta «se ha materializado en la comisión de robos con violencia o intimidación; atentado a agentes de la autoridad; tráfico de estupefacientes; alteración del orden público; amenazas; agresiones físicas y lesiones, posesión de armas de fuego y armas blancas y tentativas de homicidios».
Entre las bandas que han tenido una actividad delictiva más notoria se encuentran los Latin King y sus principales rivales, los Ñetas. También están los Dominican Dont Play, contra los que la Guardia Civil y la Policía Nacional ejecutó el pasado mes de noviembre una operación en la que fueron arrestados 40 de sus miembros de cinco nacionalidades distintas. Menos conocidos, pero también con implantación en España, son los Trinitarios; Black Panthers y Stin King.
En este mismo informe también se detallan los mecanismos de las fuerzas de seguridad españolas para combatir este fenómeno. La necesidad de controlar las actividades llevadas a cabo por grupos organizados y violentos de carácter juvenil, obligó a la secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) a implantar y desarrollar un plan de actuación y coordinación policial que diera respuesta a la violencia ejercida por menores y jóvenes integrados en bandas o grupos organizados.
Este marco de actuación se recogió en la instrucción 23/2005, con vigencia desde el 1 de enero de 2006 y una validez de dos años, prorrogado posteriormente por el mismo período y sustituida en la actualidad por la instrucción 6/2009, con entrada en vigor el 1 de enero de 2010 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.
En concreto fue el pasado mes de julio cuando el Ministerio del Interior ordenó a la Policía y a la Guardia Civil «reimpulsar» la vigilancia y el control en torno de las bandas juveniles violentas y, entre otras medidas, se ordenaba la elaboración de un «mapa de riesgo» para conocer sus principales lugares de reunión, un censo para fichar las distintas bandas que operan en España y un registro de sus páginas web.
Esta instrucción, que lleva la firma del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se enmarca dentro del plan de actuación y coordinación policial de control de estos colectivos violentos iniciado en 2005. Según el escrito, a través de este plan «se buscaba dar un tratamiento integral al problema de las bandas juveniles centrado en la prevención y en la intervención, con medidas legislativas, educativas y de sensibilización, así como específicamente policiales».
Para estos trabajos la Secretaría de Seguridad intercambia con países iberoamericanos información relativa a las bandas que operan en España y en ese continente también contribuyen otros estamentos como la fiscalía, las comunidades autónomas o la delegación del Gobierno. Con esta medida, el Ministerio pretende extremar la vigilancia y estrechar el cerco sobre este tipo de bandas juveniles de carácter violento a través del conocimiento y el control de sus lugares habituales.
