Papá fracasa en el «botellón»

Los expertos consideran que los progenitores son incapaces de atajar las malas conductas de sus hijos y de inculcarles valores sociales adecuados

Oviedo, Antonio LORCA /
Luján PALACIOS
Psiquiatras, fiscales, jueces, padres, sociólogos y médicos asturianos coinciden al señalar que los últimos incidentes registrados en la madrileña Pozuelo de Alarcón, donde un «botellón» acabó con un intento de asalto a la Comisaría por parte de un grupo de jóvenes, revelan el brusco cambio que han registrado los valores educacionales en los últimos tiempos. Los hechos acaecidos en la localidad madrileña han atizado el debate sobre el comportamiento de los jóvenes, sobre el sistema de roles en la familia y la evolución de la forma de educar. El hecho de que hayan tenido que ser los propios magistrados los que «castigaran» a estos jóvenes en casa los fines de semana y que algunos padres hayan recurrido la sentencia después de unos hechos tan graves lanza la pregunta: ¿educa bien la sociedad a sus jóvenes?
El juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial Agustín Azparren considera que con casos como el de Pozuelo de Alarcón se pone de manifiesto una cierta dejadez por parte de los padres en cuestión educativa. Para Azparren, es positivo que se apliquen medidas reeducadoras, como en el caso de los chavales a los que el juez ha prohibido salir de fiesta, porque «estas medidas son más eficaces que otro tipo de castigos para los menores delincuentes». Del mismo modo, recuerda que este tipo de medidas se aplica «no de manera preventiva, sino una vez que se ha cometido el delito».
Julio Martínez Zahonero, juez de Cangas del Narcea, asegura que el debate sobre las medidas que están aplicando los jueces sobre los menores en determinados casos debería estudiarse desde un ámbito «sociológico y educativo», puesto que los jueces «sólo castigan cuando existe un delito». Para Martínez Zahonero, «es negativo que se haya llegado a estas situaciones» en que la justicia debe tomar ciertas decisiones que para muchos deberían tomar los padres, aunque «afortunadamente no es lo habitual».
El fiscal coordinador de menores de Asturias, Jorge Caldevilla, sostiene, por su parte, que la función educativa corresponde a los padres, pero «cuando los menores cometen un delito se aplica la ley». En este sentido, Caldevilla explica que la justicia de menores es «muy personalizada». Por eso, en la mayoría de los casos, situaciones como las de Pozuelo se generan en «familias con problemas de desestructuración, con carencias educativas, con una falta de control grave». El fiscal de menores considera que en la mayoría de los casos las medidas puntuales de reeducación son suficientes para que los menores no reincidan.
José Perals, fiscal especial antidroga de Asturias, pone el acento en una cuestión a su juicio básica: la necesidad de elevar a 18 años la edad legal para poder consumir alcohol. «Es una cuestión de salud pública, Asturias es la única comunidad en la que con 16 años está permitido tomar bebidas alcohólicas, y por ello es necesario aprobar una ley que cambie esta situación», reflexiona el fiscal. Con una medida como ésta, según Perals, se evitaría a los menores una vía de acceso fácil al alcohol y ayudaría también a atajar otros problemas derivados.
Las tesis del fiscal especial antidroga se apoyan en buena medida en la experiencia de quienes tratan habitualmente a menores que abusan del alcohol. Pablo Herrero, médico de urgencias del Hospital Central de Asturias, constata cómo cada fin de semana pasan por urgencias chavales entre los 14 y los 17 años con intoxicaciones etílicas. «Todos los sábados atendemos dos o tres casos, y al cabo del año registramos un par de chavales entubados en la uci en situación de grave peligro», explica el facultativo.
Una situación que hace reflexionar sobre el papel de los padres en la educación y en el control de sus hijos. «Algunos reconocen que sus hijos se han pasado, otros intentan justificar la falta», reconocen los jueces. «Los padres pueden estar o no de acuerdo con las medidas de los jueces, y si no lo están, pueden recurrir. Muchas veces están convencidos de que tienen en casa un angelito, y luego se demuestra que no es así; nosotros sólo aplicamos las medidas que estamos autorizados a aplicar», resume el fiscal de menores.

Los que tienen más cerca a los chicos, los padres, también reflexionan sobre esta situación, intentando descubrir dónde está el problema, en caso de haberlo. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Gijón, Marisa Formoso, considera «penoso» que se meta «la justicia en la educación de los chavales» y reconoce que en muchos casos «los padres defendemos a los hijos por encima de todo y a veces tienen culpa». En su opinión, la clave está en la educación que están obligados a desempeñar los padres de los niños: «Si los padres educan bien a los críos, éstos no se meten en líos». Formoso considera que «hay mucho refuerzo positivo y poco castigo» y que es necesario encontrar «el término medio».
José Manuel Martínez Vega, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos en Asturias, lo tiene bastante claro: «Hay una pérdida absoluta de valores en la sociedad que ha empezado en la escuela y se ha extendido al resto de la sociedad». Desde su punto de vista, en los últimos tiempos los padres «están más interesados en ser colegas de sus hijos que en ejercer la autoridad». De lo que no hay duda para Martínez Vega, a la hora de buscar responsabilidades en lo sucedido en Pozuelo, es que «los padres son los primeros responsables». En cuanto al «botellón», no considera apropiado que haya lugares para beber, porque «los chavales se concentran en un lugar determinado en un principio y luego no se sabe dónde acaban» y, además, si «se les dan facilidades terminan por suceder cosas como las vividas recientemente».
El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Miguel Virgós, Jesús Antonio Fernández Corrales, achaca una gran parte de los problemas «a la falta de atención». Para él, lo necesario es que cuando lleguen los chicos del colegio «haya alguien en casa a las cinco de la tarde esperándolos». Para Fernández Corrales, el problema puede estar en que «quizá venimos de una generación en la que teníamos un exceso de disciplina y, en cierta forma, no se logró tener un punto medio entre una educación demasiado dura y una demasiado blanda».
Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, piensa que no se puede generalizar y que se trata de acciones aisladas: «No es lo mismo lo que ha sucedido en Pozuelo o en Lekeito a lo que pueda suceder en otros sitios». En su caso, «no atribuiría la culpa de lo sucedido de una manera tan importante al sistema educativo, que es diferente, pero que no es peor que el anterior». Lo que ha surgido es un cambio en «la autoridad, se ha delegado, dispersado». A su modo de ver, «cada vez hay más espacio para lo gris, para lo light, para lo diverso, lo múltiple». Este cambio de roles «no es ni positivo ni negativo». Lo que siempre sucederá, dice, es que, «aunque siembres trigo, no sólo recoges trigo, también recoges ortigas».
El sociólogo Servando Cano piensa que los sucesos de Pozuelo fueron llevados a cabo «por gente muy joven sin un proyecto de vida elaborado». El fondo de estos sucesos puede estar, para el sociólogo, en que «cuando intervienen en ese espacio, en este caso la Policía, reaccionan violentamente». Servando Cano también observa «un problema de educación» y asegura que «hay que enseñar a crear un proyecto de vida». Con respecto a la intervención de los jueces, el sociólogo considera que «la autoridad de los padres tiene un límite, a veces no pueden ir más allá, y hay es donde intervienen los jueces».