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El Gobierno regional y los ayuntamientos son partidarios de poner coto a los «botellones» y de reformar la ley desde una perspectiva regional para prohibir la venta de alcohol a menores, pero en ambos casos creen que cualquier iniciativa debe contar con el consenso de todas las fuerzas políticas para evitar que este asunto, controvertido, se convierta en arma arrojadiza de discusión política en los ayuntamientos y el Parlamento regional. La Delegación del Gobierno en Asturias anima a los ayuntamientos a poner en marcha una ordenanza, similar a la aprobada por Ribadesella, que regule o prohíba los «macrobotellones», y está dispuesta a colaborar con la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en dispositivos especiales. La Federación de Concejos, en cambio, mantiene que la normativa sobre el botellón sea de ámbito supramunicipal. Las instituciones quieren evitar que en Asturias se produzcan altercados similares a los registrados el pasado fin de semana en Pozuelo (Madrid).
La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, confirmó ayer la disposición del Ejecutivo a reformar la ley vigente sobre el alcohol, que data de 1991, y que permite la compra de ese tipo de bebidas a partir de los 16 años. El fiscal antidroga de Asturias ya advirtió el pasado junio sobre la conveniencia de que Asturias legislase la prohibición de vender alcohol a menores. Migoya precisó que al tratarse de un asunto «controvertido» el Gobierno impulsará la reforma de esa ley «si hay un acuerdo mayoritario en el ámbito político». El Principado, precisó la portavoz del Gobierno regional, juzga conveniente «un acuerdo previo» para que este asunto «no se utilice en la controversia política».
La Delegación del Gobierno en Asturias también se muestra receptiva con la adopción de medidas para controlar los «botellones», si bien entiende que la iniciativa debe partir de los ayuntamientos, «porque se trata de regular comportamientos en las vías públicas que son de competencia municipal». En cambio, la Federación Asturiana de Concejos (FAC) sostiene que resulta preferible una normativa de ámbito supramunicipal, «porque el problema de los "botellones" no se soluciona solamente con ordenanzas municipales».
La Delegación del Gobierno ya ha propiciado reuniones entre responsables de los concejos de Ribadesella, Llanes y Gozón, que fueron los primeros en manifestar su interés por contar con ordenanzas que regulasen los «botellones». La Delegación del Gobierno está dispuesta a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en los dispositivos que tengan como misión controlar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, como ocurre, desde el pasado mes de julio, en Ribadesella. El Consistorio riosellano ha sido pionero en la aprobación de una normativa municipal que prohíbe los «botellones» en todo el concejo. Policía Local y Guardia Civil velan cada fin de semana por que se cumpla la normativa riosellana.
Llanes podría ser el siguiente municipio en regular el «botellón», pues pretende tener lista su normativa para la próxima primavera, según confirmó el concejal de Seguridad llanisco, José Herrero.
El Ayuntamiento de Llanes se pondrá manos a la obra a partir de este otoño para crear una ordenanza que incluya «aspectos relativos a la convivencia y el ocio», precisó Herrero. También el Ayuntamiento de Oviedo ultima una normativa referente a los «botellones», aunque de momento ya ha prohibido su celebración en el parque de Llamaquique y en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
El Principado
La Administración regional tiene las competencias sobre la venta de alcohol. En la actualidad cualquier mayor de 16 años puede comprar y, por lo tanto, consumir bebidas alcohólicas. El fiscal antidroga de Asturias advirtió meses atrás de la conveniencia de reformar esa ley.
Los ayuntamientos
Son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y tienen las competencias sobre el uso de las vías públicas. El Ayuntamiento de Ribadesella ya ha hecho entrar en vigor una ordenanza que prohíbe la celebración de «botellones» en el concejo. La Federación Asturiana de Concejos sostiene que es necesaria una normativa de carácter supramunicipal, porque un problema como el «botellón» «no se soluciona sólo con ordenanzas».
La Delegación del Gobierno central está dispuesta a participar en los dispositivos de vigilancia con la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El Ministerio del Interior prepara un censo sobre las bandas juveniles que operan en el país, un mapa de riesgo para conocer sus lugares de reunión y un registro y control de sus páginas web. Interior dio la orden de comenzar con el procedimiento el pasado mes de julio, para dar así un nuevo impulso a la vigilancia sobre los grupos violentos. En Asturias tiene conocimiento de la existencia de tres bandas: los «Ñetas», los «Latinos de Fuego» y los «Latin Kings». En lo que va de año la Policía ha detenido en el Principado a más de una treintena de jóvenes vinculados con estas bandas.
Las nuevas directrices de Interior se enmarcan dentro del plan de actuación y coordinación Policial de control de los colectivos violentos puesto en marcha en 2005. El plan busca dar un tratamiento integral al problema de las bandas juveniles. Fuentes del Ministerio del Interior sostienen que la instrucción no guarda relación directa con los disturbios del pasado fin de semana en Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante la celebración de un botellón en plenas fiestas de la localidad madrileña.
Interior ha introducido trece «medidas operativas y preventivas» en el plan. Entre ellas destaca «la elaboración por demarcaciones policiales de mapas de aquellos lugares donde se ha detectado la ubicación de actividades esporádicas de grupos violentos». Además, se solicita la creación de un censo de bandas que especifique el grado de actividad y el número de componentes de las bandas.