El Consejo de Estado ha avalado la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno, pero incide en la oportunidad de que los padres de las menores de edad sean informados de la decisión de sus hijas de interrumpir el embarazo.
Entre las modificaciones planteadas por este organismo, según informaron ayer fuentes conocedoras de las deliberaciones, destaca la de diseñar alguna fórmula para que los padres de las chicas menores de edad sean informados de la decisión de éstas de interrumpir voluntariamente su embarazo.
El informe del Consejo de Estado, cuyo ponente ha sido Miguel Herrero de Miñón, fue aprobado por unanimidad. Además de avalar la constitucionalidad de la reforma que ha planteado el Ejecutivo, el Consejo de Estado, ha reconocido la capacidad de decisión de las menores para poder abortar.
Sin embargo, en este sentido sí recomendarán al Gobierno que incluya en la ley alguna fórmula para que los padres de esas menores que deciden abortar sean informados.
También sugerirán cambios en cuanto se refiere al «procedimiento informado» que se debe seguir antes de la interrupción de un embarazo. Durante los próximos días, el Gobierno estudiará las sugerencias planteadas por todos los órganos que se han pronunciado sobre la ley, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, previsiblemente la próxima semana. El dictamen del Consejo de Estado sobre la ley no se entregará al Ministerio de Igualdad hasta hoy. El del Consejo de Estado era el último trámite que debía pasar el anteproyecto, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros y de que comience así su tramitación parlamentaria.
El anteproyecto fue estudiado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dirige el consejero permanente Miguel Herrero de Miñón y que fue la encargada de elaborar el informe debatido ayer por la Comisión Permanente. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva sustituirá a la actual legislación, vigente desde 1985 y que despenalizó el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
Hasta 14 semanas
La reforma de la ley contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Con este último trámite, la nueva ley del aborto ya ha sido analizada por todos los organismos a los que debe consultar el Gobierno antes de aprobar un proyecto de Ley y remitirlo al Congreso.
Este informe, no vinculante, se une así al que hizo el Consejo Fiscal, y al que debería haber emitido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque el empate que se produjo en este órgano hizo imposible que se aprobara un texto al respecto.
Antes de llegar al pleno del CGPJ, la Comisión de Estudios aprobó un informe, por tres votos frente a dos, en el que estimaba oportuno reconocer el derecho de los padres a ser informados de que sus hijas menores de edad van a abortar. El empate impidió por primera vez en la historia de la institución que se aprobara un informe sobre una reforma legislativa. Por su parte, el Consejo Fiscal consideró inconstitucionales algunos artículos relativos a la desprotección del «nasciturus».
