«Los proyectos de obra están listos y los trabajos podrán iniciarse a comienzos de 2010», dice Rañón de los pisos de los colegios
Los actuales inquilinos de las conserjerías podrían optar a comprarlas
Las obras de reforma de las viviendas de titularidad municipal ubicadas en colegios públicos no comenzarán hasta principios del próximo año, toda vez que el Ayuntamiento acaba de terminar la elaboración de los proyectos técnicos para dichos trabajos.
Según informó el concejal de Vivienda, José Fernando Díaz Rañón, la intención de su departamento es que a finales de este año se pueda proceder a la presentación de esos proyectos y a la tramitación de los contratos de obra. De ese modo, las reformas, a cargo de Ruasa, podrían iniciarse a comienzos del próximo año y los pisos podrían estar listos para su puesta en alquiler a precios económicos a lo largo de 2010.
Según explicó Díaz Rañón -que no descarta que el proyecto pueda aún dilatarse con respecto a los plazos que se estiman ahora mismo-, los técnicos que han evaluado el estado de los inmuebles de conserjerías y otras viviendas en los centros de enseñanza públicos, se han encontrado con ciertas dificultades a la hora de proyectar su conversión en pisos independientes del recinto escolar.
«En algunos casos se está planteando la necesidad de tirar el edificio actual y construir uno nuevo en las inmediaciones», explica el concejal de IU acerca de uno de los casos más complejos.
En el resto de las viviendas, las obras consistirán no sólo en la adecuación de las instalaciones y dependencias más viejas para la entrada de sus nuevos inquilinos, sino en restituir e instalar nuevos elementos que permitan situar los edificios fuera del recinto escolar en el que ahora se asientan.
De ese modo, la idea del Ayuntamiento es «poner en el mercado de alquiler» la gran mayoría de las 63 viviendas de los colegios. Las que no se ofrezcan a nuevos inquilinos serán aquellas que actualmente están ya ocupadas. En estos casos, explicó el concejal, el Ayuntamiento ofrecerá a los inquilinos una solución que podría pasar por la compra de la vivienda en la que residen.
El resto de las viviendas pasarán a ser ofertadas en régimen de alquiler, según se anunció en su día, a través del servicio que para ese fin se gestiona desde la Fundación San Martín. Dicho servicio, consiste en una bolsa de viviendas públicas y privadas que se alquilan a precios asequibles al tiempo que, en el caso de las privadas, se garantiza al propietario el correcto mantenimiento de las mismas.
La Carriona
No obstante, la intención del equipo de gobierno va más allá de recuperar y poner en alquiler las viviendas de las conserjerías. Según recordó el edil de IU, el Ayuntamiento cuenta con un número mucho mayor de pisos de su propiedad. Algunos de ellos ya cuentan con inquilinos, pero otros permanecen a la espera de reformas para su puesta a disposición de demandantes de una vivienda de alquiler.
Díaz Rañón recordó que el Consistorio cuenta en su haber con una serie de viviendas en La Carriona que, tras su reforma «también podrían ser incorporadas al mercado».
Y es que, en total, el Ayuntamiento tiene un parque de 126 viviendas de su titularidad. Con las reformas previstas, las que permanecen ociosas en la actualidad pasarían a integrarse en el parque de viviendas que gestiona la Fundación San Martín, antigua Constructora Benéfica, y que en la actualidad supera los 150 pisos en la ciudad y en otros concejos de la comarca y del entorno.
La reforma de los pisos de los colegios y la adecuación de las viviendas de propiedad municipal de La Carriona, entre otros dispersos por el municipio, forma parte de las líneas de actuación que se había fijado el equipo de Gobierno al inicio del mandato en el área de Vivienda.
Dos administraciones
En su mayor parte, las iniciativas emprendidas hasta ahora se han centrado en la actividad desarrollada a través de la Fundación San Martín y en coordinación con las ayudas y actuaciones de la Consejería de Bienestar Social del Principado.
En esa línea se enmarca el acuerdo firmado hace unas semanas por el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado, por el que ambas administraciones se comprometían a destinar 610.000 euros a mantener y ampliar el programa de acceso a la vivienda a los colectivos desfavorecidos, una iniciativa que se viene desarrollando en la ciudad en los últimos años.
La consejera, Noemí Martín, y la alcaldesa, Pilar Varela, firmaron el acuerdo de colaboración en el que, según indicó entonces la Martín, la aportación de la administración autonómica se eleva en un 17% porque «en este contexto de crisis es previsible que haya más personas en situaciones complicadas».
En el caso de las ayudas previstas en ese convenio, del que a lo largo del año se benefician cerca de 160 familias, se plantea que se abone un alquiler de 70 euros mensuales por la vivienda. El caso de las viviendas de los colegios no será esa cantidad necesariamente, pues en principio estarán abiertas a la población en general, y no a colectivos con especiales dificultades para el acceso a una vivienda normalizada.
