La seguridad policial y la educación de los jóvenes están en el punto de mira, tras los altercados ocurridos la noche del sábado, durante las fiestas patronales de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El alcalde, Gonzalo Aguado (PP), atribuyó la bronca a «energúmenos de fuera del municipio», mientras que la Policía pide responsabilidades a los padres de los detenidos por los daños ocasionados. La reyerta se saldó con 20 arrestados, siete de ellos menores de edad, y diez policías heridos. Los detenidos quedaron en libertad tras declarar ayer ante el juez en calidad de imputados.
El alcalde de Pozuelo quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que los violentos procedían de otros municipios. El regidor apoyó su afirmación en el hecho de que solamente dos de los 20 detenidos eran vecinos de Pozuelo. Este año la afluencia de público en las fiestas fue mayor de lo previsto, por lo que «se tuvieron que pedir refuerzos» en el número de efectivos policiales para hacer frente a los disturbios, explicó el alcalde, que considera que la actuación de la Policía Local fue «correcta».
No obstante, el edil informó de que en los próximos días «se reforzará el número de agentes». A este respecto, el secretario general de Madrid de la Unión Federal de Policía (UDF), Alfredo Perdiguero, destacó que «los pueblos no pueden ser tomados por las fuerzas policiales. No se puede poner a un agente por ciudadano, si no sería un Estado de excepción».
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, después de calificar de «gravísimos» los altercados de Pozuelo, solicitó una reunión «inmediata» con la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, para analizar lo ocurrido. Uno de los objetivos será «evitar que vuelva a ocurrir algo así», dijo Aguirre, quien perfiló a Valcarce como la persona que ha de «atajar y poner remedio inmediatamente a la conducta de los alborotadores».
Los padres
La presidenta madrileña quiere que en la reunión se pongan en marcha «todas las medidas necesarias» para que las fiestas que se celebren «no tengan que sufrir a los alborotadores profesionales, porque los que actuaron en Pozuelo eran eso». Otra de las grandes preocupaciones de Aguirre es que casi la mitad de los detenidos eran menores de edad. «Esto hay que atajarlo y poner remedio inmediato», sentenció.
Desde los sindicatos policiales se reclamó que sean los padres quienes paguen los daños. La Confederación Española de Policía (CEP) atribuyó el episodio del fin de semana a «comportamientos que tienen raíz en la ingesta desmedida de alcohol y en la ausencia de unos referentes cívicos claros».
«Estamos ante un problema que trasciende a la respuesta policial», subrayó la CEP, por lo que pidió que los ayuntamientos aprueben ordenanzas para cuando los daños los causen menores «que puedan responder sus padres por ellos».