No es la primera vez que se suspende un expediente»
El PP sugiere que se suspenda de forma cautelar al arquitecto si solicita su reingreso
El fallo del juez sobre los presuntos delitos de cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias cometidos por Ovidio Blanco será vinculante para el Ayuntamiento a la hora de adoptar decisiones en el marco del proceso disciplinario abierto al ex arquitecto jefe de Urbanismo, según explicó ayer el concejal Santiago Martínez Argüelles tras comparecer en una reunión extraordinaria de la comisión municipal de Hacienda.
El edil aseguró que en la tramitación del expediente, actualmente en suspensión a la espera de sentencia, el equipo de Gobierno «ha actuado con escrupuloso respeto a la normativa vigente y a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo».
Santiago Martínez Argüelles señaló que «el expediente disciplinario abierto a un funcionario es un proceso absoltuamente reglado y garantista, sometido tanto a la normativa sobre procedimiento administrativo como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hay mucha». En este sentido apuntó que el alto tribunal «obliga a suspender los procedimientos disciplinarios en determinadas circunstancias, y en este caso estamos ante una de ellas». Argüelles remarcó en este punto la diferencia entre cierre y suspensión del expediente. «La suspensión quiere decir que durante este periodo de tiempo no computarán los plazos para la prescripción, pero que hay que esperar a que se produzca una resolución judicial para poder seguir adelante».
El concejal explicó que «es a la Administración de Justicia a la que le corresponde establecer cuáles son los hecho probados, nosotros sólo podemos adoptar medidas de ámbito administrativo. Pero, en su caso, la resolución judicial será vinculante para el Ayuntamiento».
El portavoz municipal remarcó que «no es la primera vez que se suspende la tramitación de un expediente disciplinario en este Ayuntamiento. Hay precedentes de otros funcionarios a los que se les suspendió y se remitió a la Fiscalía la documentación en tanto en cuanto no se produjera una resolución judicial». Recordó que, en este caso, ya se remitió esta documentación al fiscal el pasado 28 de mayo, «y ahora toca esperar».
Preguntas de Pardo
Sin embargo el Partido Popular, grupo que había pedido esta comparecencia extraordinaria de Argüelles, no pareció quedar satisfecho con la reunión, tras la cual emitió un comunicado asegurando que el concejal de Hacienda se había «dejó sin respuesta una serie de preguntas muy relevantes en este supuesto caso de corrupción urbanística, realizadas por Pilar Fernández Pardo».
En concreto el PP preguntó por la fecha de apertura del expediente y cuándo se suspendió, por las personas a las que se tomó declaración, sobre las pruebas practicadas durante la instrucción del expediente, sobre qué diligencias ordenó practicar el instructor durante la tramitación, sobre si se dio audiencia al expedientado y sobre si en el caso de que Ovidio Blanco solicitara su reincorporación se le suspendería cautelarmente de sus funciones.
La oposición considera que «el expediente se está tramitando irregularmente con la clara intención de que se produzca la anulación del mismo» y acusó al equipo de Gobierno de «tergiversar la realidad para eludir responsabilidades».
El PP anunció además que ayer solicitó el acceso al documento en base al artículo 16 del reglamento de funcionamiento del Pleno. Martínez Argüelles acusó a los populares de «mentir descaradamente» en su comunicado y aseguró haber respondido a las preguntas de Pardo, «salvo a varias cosas que no eran más que hipótesis, ya que sobre hipótesis no tengo por qué pronunciarme». El edil aseguró además que «lo que conduciría a la nulidad es hacer lo que el PP propone».
